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La regulación concursal no afronta las urgencias de la crisis
El colapso de los juzgados mercantiles obliga al Ejecutivo a remodelar la normativa. Los peritos judiciales ya han consensuado una lista de los cambios necesarios.
La Ley Concursal necesita pasar por la ITV. El texto legal que entró en vigor en 2004 fue realizado en una época de bonanza económica sin parangón. Una vez que han llegado las vacas flacas, y que lo han hecho en estampida, los juzgados mercantiles se han colapsado y el espíritu de la ley, el de dar una oportunidad in extremis a las empresas para enderezar su rumbo, no se cumple. El 95% de las sociedades que entran en concurso desaparece, un porcentaje muy superior al de otros países europeos (ver EXPANSIÓN del 3 de noviembre). El pasado martes, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, reconocía la necesidad de dar transparencia y claridad a la normativa. Para ello creará una comisión el próximo año.
De momento lo único que se sabe es que el Gobierno quiere acortar los plazos del proceso para aliviar a los saturados juzgados mercantiles. Economistas y abogados reconocen la importancia y el acierto de la Ley Concursal, que en 2004 puso orden y concierto sobre un buen número de reglamentos que se retrotraían a 1829. Ahora bien, saben que hay detalles que no funcionan. Por ello, el Registro de Economistas Forenses (Refor), los que intervienen en los procesos de las antiguas suspensiones de pagos y quiebras, ha realizado un sondeo entre sus asociados para ver los aspectos a mejorar.
Por ejemplo, consideran que entre los puntos más urgentes está “la homologación judicial de los acuerdos preconcursales”, según señala Inés Landín, directora del Refor. Landín añadió que en la encuesta realizada a los economistas también se plantea la necesidad de otorgar incentivos a las empresas que presenten concurso, así como una mejor organización de los procedimientos que afectan a grupos de empresas, ya que en las grandes quiebras se han encontrado problemas para tratar las diferentes empresas con dispares resultados.
En el sondeo también se ha resaltado la urgencia de simplificar el procedimiento de reconocimiento del crédito, la provisión de fondos como arancel y una revisión de los métodos de comunicación entre los administradores concursales y los acreedores. Además, estos peritos judiciales consideran que los procedimientos para las pymes y los particulares pueden ser especialmente agilizados de cargas burocráticas. “Hay que dar facilidades y que los requisitos sean menos farragosos”, apuntó la directora del Refor.
Estas propuestas serán trasladadas a la comisión que debata sobre esta reforma. De todos modos, hay un amplia coincidencia entre las personas implicadas en estos procesos. Alain Casanovas, socio del Área Legal de KPMG, destaca que las mejoras deben ir en la línea de que el “proceso sea más rápido”. “La ley es muy buena pero está pasando una prueba de fuego tremenda”, añadió.
A fin de cuentas, hasta el mes de julio de 2007 la media de concursos era de 270 al trimestre. El último dato registrado por el INE es de 760 y el Consejo de Colegio de Economistas prevé que la media sea de 800 a partir de ahora. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial son aún mayores. Prevén cerrar el año con 3.700 concursos y buena parte de la crisis dirimiéndose en los juzgados.
FUENTE: Expansión
Fecha de publicación: Enero de 2009