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Un total de 29 empresas de Las Palmas se acogen a la Ley Concursal y expertos prevén que la cifra aumente por la crisis
Un total de 29 empresas canarias, fundamentalmente de la construcción o relacionadas con este sector, se han acogido a la Ley Concursal (antigua suspensión concursal) en la provincia de Las Palmas durante el primer semestre de 2008, cifra que juristas y economistas prevén que aumente en los próximos meses debido a la crisis económica.
Así lo manifestó hoy el magistrado y juez decano del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Miguel Losada, en la presentación del I Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, al que asistirán el 17 y 18 de julio destacados jueces de lo Mercantil de las principales provincias de España y otros agentes del proceso que tratarán los temas "con mayor actualidad en el momento económico que atraviesa el país".
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, inaugurará el día 17 de julio el citado encuentro, que, bajo la dirección técnica de Losada, ha sido organizado por los despachos de abogados Exilon Abogados, Pinazo Abogados y Araoz&Rueda Abogados y de Auditores de Cuentas, Auren Auditores y Coastri Asesores y Auditores con mayor especialización en Derecho Concursal de Canarias y Madrid.
El Gran Hotel Costa Meloneras de San Bartolomé de Tirajana se convertirá en punto de encuentro de los profesionales del Derecho Concursal con la celebración de estas jornadas especializadas a la que acudirán magistrados, abogados, economistas, censores, auditores y titulados mercantiles, así como altos directivos de entidades y directores financieros, entre otros.
El Congreso se lleva a cabo en un momento de plena actualidad para el derecho concursal, ya que "cada vez más empresas en situación de insolvencia tienen la necesidad de acudir al concurso de acreedores como solución y la actual coyuntura hace presagiar que esta tendencia continuará", resalta la organización, que indica que la confluencia de los procesos concursales iniciados por las empresas inmobiliarias ha puesto al descubierto las paradojas de la Ley Concursal de 2003 en relación con este sector.
En este sentido, el juez Miguel Losada destacó que desde enero hasta junio de 2008 un total de 29 empresas de la provincia de Las Palmas han presentado petición de concurso por insolvencia, dato que aumenta respecto año año anterior, cuando se acogieron a la Ley Concursal "bastantes menos", ya que en total en todo el año "hubo algo más de 30 concursos", apuntó.
"DESGRACIADAMENTE LOS CONCURSOS LLEGAN TARDE".
Entre los ponentes destaca el magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, que departirá sobre 'El concurso de las personas físicas'. Sobre esta conferencia el magistrado en excedencia, abogado y auditor de cuentas Bernardo Pinazo señaló que "hay ciertos aspectos que no convencen de los concursos de las personas físicas porque pueden ser un instrumento para eludir el pago de deudas". Igualmente, apuntó que "en Madrid, Barcelona y Málaga han aumentado este tipo de concursos y a veces se acude a este mecanismo de una manera no correcta".
Recordó que antes de la Ley Concursal existía también "la quiebra de la persona física que se llamaba curiosamente concurso de acreedores y ahora se llama concurso de acreedores a todo". Asimismo, destacó que "los jueces de lo Mercantil saben cuándo se usa un instrumento de forma no adecuada a la buena fe", al tiempo que resaltó que "la utilización espúrea de los concursos no se dan".
El jurista, que señaló que el concurso es "un método para reestructurar y reflotar una empresa", admitió que "desgraciadamente este tipo de procedimientos llega tarde quizás por el miedo a lo desconocido y quizás ahora cuando aumenta la crisis es cuando se acude" al concurso, así como incidió en que "cuanto antes acudan las empresas a los procesos concursales muchísimo mejor".
De otro lado, Pinazo comentó que hay "pocos" concursos culpables, calificados así cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.
En otro orden de cosas, el juez Miguel Losada resaltó que otro de los casos es el de la sociedad municipal de vivienda y suelo Urvitel del municipio de Telde, con capital social íntegramente procedente del Ayuntamiento grancanario, que entró en concurso y fue la primera entidad municipal en Canarias y en España en acogerse a este proceso.
FUENTE: EUROPA PRESS
Fecha de Publicación: 27-06-08